Amenazada de muerte está la justicia indígena en el norte del Cauca

 Los operativos que adelantan contra grupos armados ilegales, el rescate de dos secuestrados, la incautación de tres toneladas de marihuana y cocaína y la captura de 30 personas han puesto a la guardia ancestral en la mira de los violentos. Los panfletos están firmados por el cartel de Sinaloa. Las autoridades tradicionales dicen que seguirán controlando su territorio.

El sábado pasado nada más, la guardia indígena del municipio de Jambaló incautó 240 kilos de marihuana prensada y detuvo a dos de los emisarios. Pero al día siguiente, el médico tradicional y autoridad ancestral, Enrique Güejia Meza se desplazaba en motocicleta y con bastón de mando por el vecino municipio de Toribío cuando recibió varios disparos que segaron su vida.

Este hecho demostraría que existe un “plan pistola” que se estaría ejecutando contra la justicia de las nasas en el norte del Cauca. Este año se han registrado 33 asesinatos en territorios indígenas, en los cuales catorce de las víctimas hacían parte de estas comunidades, aunque solo cuatro tenían vínculo con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN): dos guardias indígenas, un presidente de Junta de Acción Comunal y una autoridad ancestral en ejercicio. Todos asesinados a bala por sicarios motorizados.

En la práctica, el control territorial del que hablan estas comunidades radica en las acciones cotidianas que 1.986 guardias indígenas ejecutan en el norte del Cauca. Están en las entradas y salidas de la carretera principal de sus territorios, requisan, decomisan, capturan, llevan a las asambleas de la justicia tradicional y sirven como testigos en los procesos. Un papel que les viene costando la vida en los últimos tiempos, a raíz del abanico de grupos ilegales que quieren quedarse con el control de esas carreteras por donde pasan toneladas de marihuana y cocaína.

El 25 de julio pasado, después de que cuatro guardias indígenas recuperaron una camioneta desde la cual se habrían ejecutado varios atentados contra estas autoridades, en la vereda La Chivera, en una pendiente que conecta al municipio de Caloto con Toribío, fueron atacados con ráfagas de fusil y tres granadas de fragmentación. Los cuatro resultaron heridos. Otros siete han sobrevivido a los ataques y cuatro más murieron en el primer tramo de este año, según los registros del área de derechos humanos de la ACIN.

 La guardia indígena también ha participado en dos operativos de liberación de secuestrados. En uno de ellos, su ejercicio de presión logró que el señor Jairo Onofre Jurado, retenido en Santander de Quilichao, el 28 de diciembre de 2018, se fugara de sus captores que pedían dinero por su liberación. Su compañero, Mauricio Bucheli López, quien también fue retenido mientras cerraban un negocio en el municipio de Corinto (norte del Cauca), apareció amarrado y muerto el 17 de abril pasado. Eran directivos del Instituto Técnico Superar (ITS), que tiene sus oficinas en el centro histórico de Popayán.

Este año nada más, la justicia tradicional ha ejecutado treinta capturas, trece de ellas tienen relación con los asesinatos de Édgar Trochez, guardia indígena de Munchique, y Enrique Güejia, autoridad ancestral de Tacueyó. Los detenidos corresponden a la cadena más débil del crimen: campaneros, gatilleros y posteros (los que esperan a la vera del camino al sicario que se baja de la motocicleta para disparar). Este año la justicia tradicional ha emitido cinco sentencias condenatorias, pero los procesos aún continúan en investigación para seguir la pista de quiénes fueron los determinadores.